Sobre el FEES

Luego de una impresionante marcha de más de 14.000 personas, el efecto/impacto deseado tuvo éxito: primero se legitimó la causa universitaria (propiamente en el mensaje de fortalecimiento a las universidades públicas en procura de sus estudiantes, programas y trabajo continuo en investigación), segundo se consolidaron los rectores frente a los negociadores del gobierno, quienes tuvieron que aceptar un “mea culpa” en el tono y nivel de confrontación pública; tercero se reanimaron las conversaciones para definitivamente entrar a negociar, ya que el tono personalista que le imprimieron Garnier y Herrero logró el tan desconocido disenso, propio de la democracia.

Ahora bien, no me voy a referir a los aspectos económicos, cifras y demás por una simple razón: porque no es el problema del FEES. El problema que se omite abiertamente para no generar más roces entre uno y otro es que el gobierno necesita controlar a un actor que en los últimos 10 años, ha fortalecido su posición política frente a las decisiones trascendentales para este país. La élite política que maneja el sistema no debería permitir un polo tan fuerte de crítica y cuestionamiento, de ahí que utiliza dos herramientas tradicionales clásicas de las democracias modernas occidentales según Dahl: el recurso político violencia y el recurso sanciones económicas.

¿En qué consiste? Básicamente se aplican estos dos recursos -exclusivos del gobierno por la atribución legal procedimental de aplicar la disciplina/control de la autoridad- a aquellos actores que incurran en el “desacato” de cuestionar el modelo de desarrollo que impone la élite política (no necesariamente identificable con partidos en específico; va más encaminado a asuntos de desarrollo comercial y productivo). Cuando un actor está generando demasiada controversia o polémica, según las reglas del juego democrático, éste podría calar tan alto en la percepción de las personas que podría desviar los planes de la élite. Ante esta situación, la élite mueve sus instrumentos para aplicar intimidación por medio de la policía (caso del OIJ cuando llegaron a amedrentar estudiantes; pueden meterse a la UCR pero no pueden meterse al Infiernillo, Las Tablas o Guararí, porque ahí sí saben defenderse a golpes, y obviamente eso le da pavor al OIJ) y un desfinanciamiento por medio del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) que a la postre indica un claro mensaje de control y represión, no solo de las universidades como actor político, sino también para el desarrollo nacional en todos los ámbitos.

Con los argumentos anteriores se intenta explicar que el tema de fondo es político y no económico. Es sobre el ordenamiento de las relaciones de poder, y no sobre las estrategias de administración de presupuesto, como han querido desviar la atención los medios/gobierno. Es un asunto de posicionamiento de las universidades como generadoras de criterios, de identidad y de ideas en el campo político, en la toma de decisiones.

Obviamente, un control primario del gobierno a las universidades les daría mayor margen de acción para emprender su proyecto; vale indicar, el proyecto de la élite política del país. Habrá que esperar en los próximos días la resolución de este conflicto; adelantando, posiblemente se llegue a un acuerdo beneficioso para las universidades, no exactamente el propuesto por las mismas, pero uno que sí responda a los planeamientos de las universidades para mantener el fortalecimiento de sus estructuras. En el caso del gobierno, no le conviene echarse encima a un grupo tan fuerte a sabiendas del desgaste de otros mecanismos institucionales (Asamblea, Ministerios), proyectos específicos que aun no tienen resolución (Crucitas, Militares gringos), así como el descrédito en temáticas sensibles del país (Seguridad e Infraestructura vial).